El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó este miércoles 16 de julio el fallo sobre las medidas de coerción solicitadas contra los diez imputados en la red de corrupción destapada por el Ministerio Público bajo el nombre Operación Lobo.
La audiencia, que se extendió por varias horas, incluyó los alegatos finales de la defensa y la réplica del Ministerio Público, el cual reafirmó su petición de prisión preventiva por 18 meses para cinco de los encartados, mientras solicitó arresto domiciliario para los otros cinco que admitieron responsabilidad y cooperaron con la investigación.
“Cada peso que se pagó en sobornos está debidamente probado ante el tribunal”, aseguró el procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza la investigación desde la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).