Loveli Raphael Josef, madre de Stephora: lo único que deseo es que se haga justicia”, expresaba en medio del dolor, visiblemente afectada y entre lágrimas, tras salir de la sala de audiencia.
Este lunes, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, de aquí, ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del centro educativo por el fallecimiento de la estudiante.
Se recuerda que, por el caso, la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de los Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso en diciembre del año pasado medidas de coerción a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Las tres mujeres fueron sancionadas a pagar una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una aseguradora, además de presentación periódica ante el Ministerio Público, uso de localizadores electrónicos y prohibición de salida del país sin autorización judicial.
En tanto, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, directora del colegio, fue favorecida con libertad pura y simple, conforme dispuso el tribunal.
El abogado de la familia de la niña, Miguel Valdemar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo ni a los propietarios del lugar donde ocurrió la tragedia.
Asimismo, dijo que se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
La muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de nacionalidad haitiana, sigue esperando respuesta en la sociedad santiaguera y el país.