Colombia . Un total de 34 militares colombianos fueron secuestrados este lunes en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, durante un operativo contra las disidencias de las FARC que dejó como saldo la muerte de alias Dumar o Chito, un importante cabecilla del grupo armado ilegal Estado Mayor Central (EMC).
Enfrentamientos y captura irregular
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que los uniformados pertenecían a una unidad de fuerzas especiales que realizaba maniobras de retiro tras haber cumplido su misión. Durante ese proceso, fueron interceptados por un grupo de civiles, presuntamente manipulados por las disidencias, quienes impidieron su salida de la zona y los retuvieron contra su voluntad.
“No estamos hablando de una retención voluntaria ni de un corredor humanitario. Esto es un secuestro y así lo vamos a tratar”, afirmó el ministro en una rueda de prensa.
Las fuerzas militares también confirmaron que 11 integrantes del EMC murieron en los combates, entre ellos alias Dumar, quien era uno de los jefes más buscados por las autoridades colombianas.
El gobierno colombiano activó de inmediato un protocolo humanitario con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, y delegados de la ONU para garantizar el retorno seguro de los militares.
Además, se ordenó el reforzamiento de la presencia militar en la región, considerada uno de los principales corredores estratégicos de las disidencias por su ubicación y actividad relacionada con cultivos
Este incidente revive la tensión entre el Gobierno y los grupos armados ilegales, en un momento en el que las negociaciones de paz se encuentran en estado crítico. No es la primera vez que se presenta una situación de este tipo: en junio de este año, 57 militares fueron retenidos en el Cauca en circunstancias similares, lo que generó una fuerte condena nacional e internacional.
El Ministerio de Defensa reiteró que ningún actor civil tiene la autoridad para detener, retener o condicionar el accionar de la Fuerza Pública. “Esto es una violación al Derecho Internacional Humanitario, y será tratado con todo el peso de la ley”, concluyó Velásquez.