Un nuevo impuesto del 1 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero, aprobado recientemente en el Senado estadounidense, ha encendido las alarmas en República Dominicana, país que depende en gran medida de estos recursos para el sustento de millones de familias.
La nueva medida, incluida en el llamado “One Big Beautiful Bill”, entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y afectará los envíos de dinero en efectivo, giros postales y cheques realizados desde territorio estadounidense. Quedan excluidas, por ahora, las transferencias electrónicas bancarias y con tarjetas de débito o crédito.
Según expertos, aunque el impuesto es de solo un 1 %, su impacto podría ser mayor. Estudios señalan que por cada punto porcentual que aumentan los costos de envío, las remesas formales podrían reducirse hasta en un 1,6 %.
“Esto podría significar una reducción de más de 200 millones de dólares en remesas para República Dominicana solo en el primer año”, advirtió el economista Julio Moreno.
En 2024, las remesas hacia el país superaron los US$10 mil millones, representando cerca del 7 % del PIB nacional. La mayoría de estos fondos provienen de dominicanos residentes en EE. UU., y son utilizados principalmente para cubrir gastos básicos como alimentación, salud, educación y vivienda.
El exministro y actual cónsul dominicano en Nueva York, Jesús “Chu” Vásquez, expresó su preocupación por la medida, calificándola como “un golpe directo al corazón económico de miles de hogares caribeños”, y adelantó que se están realizando gestiones diplomáticas para buscar alivios o exenciones para países como la República Dominicana.
Por su parte, organizaciones de migrantes dominicanos han comenzado a informar a sus comunidades sobre formas de envío no afectadas por el impuesto, como transferencias electrónicas, y advierten sobre el riesgo de que aumente el uso de canales informales para evitar el pago, lo que podría exponer a las familias a fraudes o pérdidas.
La implementación de este impuesto ha generado críticas a nivel internacional, siendo considerada por algunos como una “medida regresiva” que castiga a los trabajadores migrantes y a sus familias, muchas de las cuales dependen de estos fondos para sobrevivir.
El gobierno dominicano no ha emitido una postura oficial hasta el momento, pero se espera que en los próximos días se convoque una rueda de prensa para abordar el tema y anunciar posibles estrategias de mitigación.