La legislatura 2025-2026 cerró con la aprobación de reformas que impactan áreas sensibles para la ciudadanía, desde el sistema de justicia hasta la contratación pública, la actividad inmobiliaria y el funcionamiento institucional del Estado.
Aunque el Congreso Nacional destacó la aprobación de 58 leyes promulgadas durante el período agosto 2025-agosto 2026, el balance legislativo también deja una serie de debates abiertos y proyectos que no lograron completar su proceso para convertirse en nuevas normas.
El resultado muestra un período marcado por reformas consideradas históricas, pero también por desafíos que permanecerán en la agenda parlamentaria.
Código Penal: la reforma más esperada y de mayor alcance
Entre las leyes de mayor impacto aprobadas se encuentra el nuevo Código Penal dominicano, una reforma que sustituye una legislación con más de un siglo de vigencia y que busca actualizar la respuesta del sistema judicial frente a nuevas formas de criminalidad.
La nueva normativa incorpora figuras vinculadas a delitos tecnológicos y modifica disposiciones relacionadas con diferentes conductas penales, con el objetivo de adaptar la legislación a la realidad actual.
Sin embargo, su aplicación representa uno de los principales retos, debido a que requerirá adecuaciones institucionales, capacitación de los actores del sistema de justicia y una evaluación sobre su implementación práctica.
Código Procesal Penal: cambios en la persecución de delitos
Como parte del paquete de reformas judiciales, el Congreso también aprobó modificaciones al Código Procesal Penal.
El objetivo planteado es fortalecer las herramientas de investigación y persecución penal, además de mejorar los procedimientos utilizados por fiscales, jueces y demás actores del sistema.
El desafío estará en que las modificaciones no solo representen cambios normativos, sino que se traduzcan en procesos más ágiles y efectivos para los ciudadanos que acuden al sistema de justicia.
Ministerio de Justicia: una nueva estructura para el sector judicial
Otra de las reformas destacadas fue la creación de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia.
La norma plantea una reorganización institucional dentro del sector justicia, separando funciones y fortaleciendo la coordinación estatal en esta materia.
No obstante, su impacto dependerá del proceso de implementación, la asignación de recursos y la definición clara de competencias para evitar duplicidad de funciones.
Contrataciones Públicas: más controles sobre el uso de recursos estatales
La modificación a la Ley de Contrataciones Públicas fue presentada como una herramienta para fortalecer la transparencia y mejorar los procesos mediante los cuales el Estado adquiere bienes y servicios.
Por su impacto, esta reforma toca directamente el manejo de fondos públicos y la relación entre el Estado y los proveedores.
El principal reto será garantizar que las nuevas reglas se traduzcan en mayor competencia, fiscalización efectiva y reducción de prácticas cuestionadas históricamente.
Regulación inmobiliaria: protección para compradores
El Congreso también aprobó una legislación orientada a regular la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa.
La medida busca establecer mayores controles en un sector donde compradores han reclamado mayor protección frente a informaciones incorrectas o prácticas irregulares. Su efectividad dependerá de los mecanismos de supervisión y de la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la regulación.
Obras paralizadas: una respuesta a proyectos inconclusos
Otra de las iniciativas destacadas fue la modificación de la legislación relacionada con la terminación de obras públicas paralizadas. La intención es establecer mecanismos que permitan retomar proyectos detenidos, especialmente aquellos vinculados a infraestructuras de interés colectivo.
El desafío será convertir la aprobación legislativa en resultados visibles para comunidades que esperan la conclusión de obras pendientes.
Las reformas que no lograron completar el camino legislativo
Mientras estas iniciativas avanzaron hasta convertirse en ley, otros proyectos clave quedaron pendientes de aprobación definitiva al cierre de la legislatura.
Entre los más relevantes se encuentra la reforma al Código de Trabajo, una de las discusiones más prolongadas en el Congreso, que busca actualizar las relaciones laborales, el régimen de despido, la formalización del empleo y la adaptación a nuevas modalidades de trabajo. El proyecto no logró consenso suficiente para su aprobación final.
También quedó pendiente la reforma integral de la Policía Nacional, orientada a la transformación institucional del cuerpo del orden, incluyendo cambios en su estructura, régimen disciplinario, formación y mecanismos de control interno.
Entre las modificaciones planteadas figuraban sanciones más severas para los abusos de autoridad, nuevas reglas sobre el uso proporcional de la fuerza, limitaciones para ascender a agentes con faltas graves, cambios en los procedimientos de registro personal y la eliminación del ingreso con el rango de raso para sustituirlo por el de agente patrullero. A pesar de haber sido sido aprobada por el Senado después de meses de estudio, la propuesta nunca salió de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados y terminó perdiendo vigencia.
A estos se suman otros proyectos en discusión, como la modernización del sistema de seguridad social y propuestas de ajustes al régimen electoral, que tampoco alcanzaron a ser convertidos en ley durante este período.
En conjunto, estos expedientes reflejan que, aunque el Congreso avanzó en reformas estructurales importantes, los temas laborales, de seguridad ciudadana y de transformación institucional profunda siguen abiertos en la agenda legislativa.
El balance: avances normativos y desafíos de ejecución
El cierre de la legislatura deja un Congreso con reformas relevantes aprobadas, especialmente en justicia e institucionalidad, pero con el reto de garantizar que esas leyes produzcan cambios reales en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La aprobación de una norma representa el primer paso; la aplicación, fiscalización y resultados serán los elementos que determinarán si estas reformas cumplen las expectativas generadas.
El próximo período legislativo tendrá como tarea dar seguimiento a las leyes aprobadas y retomar los proyectos que quedaron pendientes, especialmente aquellos vinculados a la reforma laboral y la transformación de la Policía Nacional, dos de los debates más sensibles que continúan sin resolución.