La Secretaría de Justicia de nuestra organización inicia la implementación de sus funciones en un momento en que el país enfrenta un preocupante proceso de inestabilidad normativa, resultado de una práctica legislativa reactiva, improvisada y subordinada a intereses coyunturales.
Uno de los principales desafíos proviene del propio Gobierno, que, valiéndose de su mayoría en el Congreso Nacional, ha ejercido de forma desmedida la potestad de iniciativa en la formación de las leyes, lo que está provocando una crisis de confianza.
Cuando una mayoría legislativa se convierte en instrumento de una agenda política, el Estado de Derecho se deteriora. Las leyes dejan de responder al interés general y, en algunos casos, pasan a dar apariencia legal a decisiones previamente adoptadas por el Gobierno. Esa práctica genera incertidumbre jurídica, debilita la institucionalidad, afecta la vida de las personas, los negocios y las empresas.
La estabilidad normativa es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Sin reglas claras y estables no existe seguridad jurídica; sin seguridad jurídica no existe confianza ciudadana, y esto afecta el sistema democrático.
Durante los últimos cinco años hemos visto que importantes leyes han sido modificadas poco tiempo después de su aprobación y otras para atender intereses particulares, incluso para acomodar situaciones individuales.
Entre los ejemplos más ilustrativos se encuentran las sucesivas modificaciones a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, junto a la aprobación de la ley sobre fideicomisos públicos para dar cobertura legal a operaciones público-privadas que estaban en curso; la Ley 66-23, adoptada en forma transitoria para permitir la extensión del contrato de concesión de los aeropuertos; las sucesivas reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, efectuadas al vapor; y las apresuradas modificaciones al nuevo Código Penal, en la antesala de su entrada en vigor, son solo algunas de las más notorias.
El Gobierno desacata la Sentencia TC/1003-2023, del Tribunal Constitucional
También resulta preocupante el desacato o el uso de subterfugios para incumplir las decisiones del Tribunal Constitucional. Un ejemplo es la Sentencia TC/1003-2023, que estableció criterios que impiden cobrar a los dominicanos una tasa de US$10 por tarjeta de turista. Sin embargo, el Gobierno continúa recibiendo en forma indebida dicho monto. A esto se suma el incremento de la tasa de salida del país a US$30.
En el mismo sentido, es preocupante la aprobación de normas que afectan derechos ciudadanos en contravención del trámite legislativo, como sucedió con la Ley núm. 1-24 sobre la DNI, según estableció el TC. Estas actuaciones erosionan el Estado constitucional de derecho, debilitan el sistema de justicia y afectan los derechos fundamentales.
Los ciudadanos también dejan de confiar en el Estado de Derecho cuando, desde las propias instituciones, se relativizan el derecho a la vida, la libertad y la dignidad de las personas.
No existe un plan integral de combate a la delincuencia
El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos mediante políticas de prevención y persecución de la criminalidad y el delito. Por eso resulta preocupante que, seis años después, no exista una estrategia integral ni una coordinación institucional efectiva para abordar la inseguridad.
Miles de familias viven la angustia de tener una persona desaparecida sin recibir respuestas claras ni información oportuna. Aunque las cifras disponibles no son fiables, datos que se reputan oficiales dan cuenta que en 2025 fueron reportadas 1,300 personas desaparecidas y más de 3,000 desde el año 2022.
La falta de estadísticas verificables y protocolos de búsqueda comprobables y transparentes transmite una sensación de indiferencia oficial que afecta la dignidad de las personas.
Del mismo modo, resulta alarmante la persistencia de muertes de ciudadanos durante actuaciones de agentes de la fuerza pública y el interés oficial por minimizar estos casos. Hay desconfianza de los registros del Ministerio de Interior y Policía, ya que múltiples casos son designados eufemísticamente como “acciones legales” o muertes indeterminadas, para reducir artificiosamente las estadísticas de homicidios.
Cada vida humana merece una investigación independiente, transparente y rigurosa, sometida a control judicial. Ninguna autoridad puede normalizar el uso excesivo de la fuerza como política de Estado.
Por otra parte, la situación carcelaria se ha agravado. El sistema penitenciario debe recuperar su rol como instrumento de rehabilitación, reinserción social y prevención del delito. Para esto se requiere reimpulsar el modelo que venía implementándose, orientado a reducir la reincidencia delictiva.
Frente a esta realidad, no nos limitamos a identificar los problemas. Desde una perspectiva de oposición constructiva, promoveremos acciones e iniciativas que contribuyan a sus soluciones.
Planteamos que la política del Estado contra la criminalidad debe estar orientada a la protección de la dignidad de las personas. Debe existir una coordinación interagencial que combine la inteligencia del Estado con los avances tecnológicos y permita establecer la trazabilidad de hechos y conductas que aparentan dispersas, pero que pueden estar vinculados a organizaciones delictivas.
El Gobierno debe afrontar con seriedad la desaparición de personas
En síntesis, se requiere determinar cuántas personas desaparecidas podrían estar relacionadas con acciones de la criminalidad organizada, ya sea por la trata de personas, el tráfico de drogas o el tráfico de órganos. También debe establecerse cuántas, antes de desaparecer, habían sido entrevistadas o investigadas por alguna autoridad del sistema de justicia y si eran potenciales testigos en un proceso judicial.
Asimismo, incluir la posible vinculación entre determinadas ejecuciones policiales y ajustes de cuentas o mandatos de organizaciones delictivas. También, la conexión entre el tráfico de drogas y los pagos destinados al tráfico de armas, así como su posible relación con las bandas en Haití, como ha sido señalado en un informe reciente de un aliado de la región.
La FP aboga por un sistema de monitoreo para el cumplimiento sentencias del TC
En defensa de la vigencia efectiva del Estado de Derecho, estamos creando un mecanismo de monitoreo sobre el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. El respeto a las decisiones del máximo intérprete de la Constitución no es opcional; es una obligación del Estado.
Impulsaremos una agenda nacional en favor de la estabilidad normativa, la seguridad jurídica y la certeza judicial. Frente a un gobierno que opera sin contrapeso en el Congreso, se requerirá que los actos de la Administración sean sometidos a control judicial.
Defendemos la independencia judicial y la autonomía reforzada del Ministerio Público.
En el ámbito de la justicia electoral, dicho mecanismo de monitoreo está destinado a vigilar las acciones gubernamentales que procuren ventajas electorales para sus partidarios.
Acompañaremos a las víctimas y a sus familias cuando las circunstancias así lo requieran, particularmente en los casos de personas desaparecidas y de violaciones a los derechos fundamentales.
Exigiremos que toda actuación de agentes de seguridad del Estado que afecte la vida o la integridad física de un ciudadano sea investigada por el Ministerio Público, con apego al debido proceso, y que el Estado proporcione asistencia legal a los involucrados en tales hechos.
Finalmente, esta Secretaría impulsará, en el corto plazo, un gran debate nacional sobre una tercera ola de reformas del sistema de justicia, a partir de experiencias y aprendizajes sobre las transformaciones iniciadas en las últimas décadas.
En medio de la actual crisis de confianza, la defensa del Estado de Derecho no es una tarea exclusiva de los abogados, los jueces y los tribunales. Es una responsabilidad de toda la sociedad, comenzando por los Partidos Políticos.
