El Gobierno de República Dominicana respondió al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que esa entidad expresó su preocupación por las políticas migratorias empleadas en el país.
Ante esto, el Gobierno dominicano emitió una respuesta, afirmando que la República Dominicana tiene «el derecho y la obligación» de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio.
En su respuesta, las autoridades dominicanas afirmaron que están comprometidos con proteger los derechos humanos, pero están en el deber de cumplir y aplicar su reglamento interno.
Asimismo, afirmaron que la crisis que atraviesa Haití ha generado una «presión migratoria», con la que República Dominicana ha tenido que cargar desproporcionadamente durante décadas.
Igualmente afirmó que las medidas migratorias aplicadas en el país se deben a la necesidad de gestionar el referido flujo migratorio, para evitar efectos negativo que esta situación en territorio dominicano.
«Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo», leía parte del comunicado.
«En este sentido, rechazamos el llamado de la Comisión a la aplicación del principio de no devolución de manera general a todo migrante en condición migratoria irregular, pues lo mismo equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar a todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aún irregularmente, a nuestro territorio», continuaba el referido documento.