Washington DC — El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 520.000 ciudadanos haitianos, quienes han residido legalmente en el país bajo esta figura desde el devastador terremoto ocurrido en Haití en 2010.
La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), establece que el TPS expirará el 3 de agosto de 2025, con un periodo de gracia hasta el 2 de septiembre, fecha en la cual los beneficiarios quedarán expuestos a deportación si no regularizan su estatus migratorio por otras vías.
“Las condiciones en Haití han mejorado de forma significativa, permitiendo el regreso seguro de sus ciudadanos”, señaló el DHS en un comunicado oficial.
La decisión ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios, quienes advierten sobre la inestabilidad política, la violencia de pandillas y la crisis humanitaria que aún persisten en el país caribeño.
¿Qué implica el fin del TPS?
Los haitianos bajo TPS perderán automáticamente sus permisos de trabajo y protección contra la deportación. Para permanecer legalmente en EE.UU., deberán buscar otras vías como el asilo, visados especiales o el ajuste de estatus por vínculos familiares.
Como parte de la política de salida, el gobierno ha puesto a disposición de los migrantes la app CBP Home, a través de la cual se les ofrece ayuda para retornar voluntariamente a Haití, incluyendo boletos de avión gratuitos y un incentivo de hasta $1.000 dólares.
Reacción en la comunidad
“Es una decisión insensible y desconectada de la realidad en Haití”, expresó Marlène Bastien, activista haitiano-estadounidense radicada en Miami. “Estas personas han vivido más de una década en EE.UU., trabajado, pagado impuestos y criado a sus hijos aquí”.
Un precedente preocupante
La cancelación del TPS para haitianos se suma a decisiones recientes del gobierno que afectan a nacionales de Venezuela, Afganistán y Camerún, como parte de un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias bajo la administración actual.
Aún no se descarta que esta medida enfrente desafíos legales. En el pasado, fallos judiciales han bloqueado intentos similares de cancelación del TPS para otros grupos.