En enero de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente (MMARN) presentó una querella contra un propietario que almacenaba ilegalmente arena extraída de las dunas —unas 500 m³— y ordenó su cierre, incautación y restitución.
Esta extracción forma parte de un comercio ilícito de áridos, una operación que mueve miles de millones de dólares y que ha sido relacionado con violencia y crimen organizado en zonas como la “ruta de la arena” en Baní.
Parcelaciones, invasiones y construcciones ilegales
En 2023, el MMARN inició el derribo de alambradas y construcciones en áreas protegidas, evidenciando invasiones asociadas con cultivos de limón, plátano y maíz, así como la expansión urbana.
Habitantes de Salinas y zonas limítrofes han levantado viviendas y cercamientos dentro del monumento, destruyendo manglares, bosques secos y restringiendo hábitats de anfibios, reptiles y aves.
Tala, quema y deforestación
El viceministro de Áreas Protegidas reconoció la presencia de casi todos los tipos de delitos ambientales: deforestación, agricultura ilegal, extracción de arena y carbón. Se constató un desmonte ilegal que, afortunadamente, no requirió intervención mecánica, aunque posiblemente se deba restaurar el ecosistema con asistencia.
En noviembre de 2024, tras detectar tala y quema en zonas adyacentes al área protegida, se activó una investigación y se remitió el caso a la Procuraduría Ambiental.
Falta de vigilancia efectiva y plan de manejo incompleto
A pesar de la construcción de torres de vigilancia, casetas y acuerdos interinstitucionales (como con la Armada Dominicana), aún persisten brechas importantes. Se mantienen alambradas, cultivos agrícolas y ausencia notable de guardias en puntos clave.
En abril de 2025, se indicó que el plan de manejo pasaba de un censo de reubicación a una investigación legal más compleja por ventas ilegales de terrenos dentro del monumento natural.
En noviembre de 2024, el MMARN firmó un acuerdo con la Armada que incluye patrullajes, torres de vigilancia, garitas, cercos perimetrales y un centro de visitantes.
También se ha iniciado el proceso de notificación y posible desalojo de ocupantes que realizan prácticas agrícolas, construcciones y deforestaciones ilegales que amenazan especies endémicas como la Iguana de Ricord, el Lagarto de Baní o diversas aves migratorias.
Un ecosistema en peligro
Las Dunas de Baní están siendo atacadas por un conjunto de agresiones: extracción ilegal de arena, parcelaciones, deforestación, ocupación residencial y falta de vigilancia plena. Aunque las autoridades han impulsado medidas correctivas —operativos, acuerdos con la Armada, infraestructura de control—, la persistencia de invasiones y la lentitud en la aplicación de justicia mantienen alto el riesgo de deterioro irreversible.