El senador por la provincia Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, sometió un proyecto de ley que busca modificar el artículo 36 de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el objetivo de establecer un esquema de contribución más equitativo para las empresas.
La iniciativa plantea cambios al modelo actual de cobro, tras señalar dificultades en su aplicación práctica luego de las modificaciones introducidas por la Ley 98-25. Según el legislador, el esquema vigente ha presentado limitaciones tanto en la recaudación como en el cumplimiento ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El proyecto propone implementar una estructura escalonada basada en los ingresos de las empresas, de manera que las contribuciones se ajusten a la capacidad económica de cada entidad. Con este mecanismo se busca mejorar la eficiencia del sistema, ampliar la base de cumplimiento y garantizar recursos para la gestión de residuos.
Además, la propuesta contempla la creación y fortalecimiento de un fondo destinado a mitigar los impactos ambientales de los desechos sólidos. Este fondo sería administrado mediante un fideicomiso, con el propósito de reforzar la transparencia en el manejo de los recursos.
La iniciativa también incluye la indexación anual de las contribuciones conforme al índice de precios al consumidor (IPC), así como la posibilidad de que las empresas puedan deducir estos aportes del impuesto sobre la renta, lo que funcionaría como incentivo para el cumplimiento fiscal.
De ser aprobada, la reforma introduciría ajustes al financiamiento del sistema nacional de residuos sólidos en medio de los retos ambientales y de gestión de desechos que enfrenta el país.